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  • S.S de los Reyes

Una familia inquilina de un fondo de inversión de Sanse, al borde del precipicio

Ruth Melida no tiene contrato de alquiler desde hace 13 días. No ha firmado las nuevas condiciones de alquiler que propone el fondo Lazora ya que le obligaría a utilizar dos tercios de sus ingresos actuales para este fin. Mientras tanto, fuentes del fondo de inversión afirman que "la oferta que se le hizo fue muy por debajo del precio de mercado de la zona, tras analizar su caso particular y sus circunstancias actuales".

Melida es inquilina de una urbanización de la calle Juan Gris, 3, de Sanse gestionada por el fondo de inversión Lazora tras comprar dicho inmueble a su anterior empresa propietaria. Señala que su contrato de alquiler terminó el 31 de julio y vive en la incertidumbre. Teme ser desahuciada con dos niños, uno de un año y otro de cinco.

Esta situación comenzó cuando Lazora le envío un burofax hace unos meses para comunicarle que las condiciones del nuevo contrato de alquiler cambiaban y ascendían a "990 euros al mes" cuando hasta este mes de agosto pagaba unos 600.

01logoEscucha a la afectada Ruth Melida, sobre las propuestas de alquiler que le ha enviado el fondo de inversión

 

La nueva cifra, que suponía una subida del 66%, asustó a Melida ya que ella tiene unos ingresos de 750 euros mensuales aproximadamente y su marido está en el paro y cobra el subsidio de 400 euros, que además se termina en dos meses. A raíz de esta situación, ella y otros vecinos afectados en la misma situación comenzaron una campaña para pedir condiciones de alquiler "asequibles" recordando que estas viviendas se hicieron para favorecer el acceso a la vivienda a colectivos con dificultad para acceder a la vivienda por tener ingresos medios. De hecho señalan que su catalogación en un principio fue como Vivienda de Protección, aunque en 2016 pasaran a ser de precio libre.

Melida señala que "tras iniciar la campaña, un mes y medio después, Lazora envía otro burofax en el que dice que por fidelidad bajan el alquiler a 850 euros al mes" aunque la inquilina dice que sigue siendo "inviable" para una familia con unos ingresos de mil cien euros aproximadamente (su sueldo y el subsidio de su marido).

Según Melida, hace dos semanas Lazora les propone telefónicamente dejar el alquiler en "700 euros mensuales", aunque la inquilina mantiene que también le especifican que "si tuviéramos ingresos familiares derivados de que mi marido encontrara trabajo y le pagarán el salario mínimo interprofesional, el alquiler automáticamente subiría a 850 euros de alquiler aproximadamente".

Melida dice no haber firmado porque la propuesta le parece "inviable" al tener que vivir con 400 euros al mes, además de las otras condiciones impuestas. El resultado es que desde el 31 de julio, Ruth Melida "ocupa" lo que ha sido su hogar en los últimos años. La afectada señala que el fondo ya le ha pedido que abandone la casa.

Sin embargo, dice que no puede irse a la calle con dos hijos pequeños: "Mis condiciones económicas no me permiten acceder a una vivienda digna en Sanse; lo que encuentras tiene un precio superior. Además el problema es que no hay vivienda social en esta localidad". Estima que este es el resultado de que se haya permitido vender viviendas de Protección a entidades que pretenden hacer negocio con estos inmuebles a costa de sus inquilinos.

Respuesta de Lazora

Mientras tanto, fuentes de Lazora señalan que no pueden facilitar datos de acuerdos privados aunque señalan que "no se han dado las circunstancias precisas para cerrar el acuerdo a pesar de nuestra buena predisposición". Las mismas fuentes añaden que "la oferta que se le hizo fue muy por debajo del precio de mercado de la zona, tras analizar su caso particular y sus circunstancias actuales".

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